La soberanía del pueblo usurpada por gobiernos parapetados en la infamia denominada "secreto de estado" debe ser defendida por todas las vias a su alcance.
Algunos creen que la Operación Venganza lanzada por hackers y agitadores del grupo Anonymous en contra de Amazon, MasterCard, Visa, PayPal, el banco suizo PostFinance y la fiscalía sueca es sólo una forma de protesta comparable a cualquier concentración cívica. Consideran que crear
"espejos" para que Wikileaks pueda seguir divulgando los cables o tomar represalias informáticas contra quienes desenchufaron los servidores y dejaron de prestar servicios al sitio de Assange, no es una acción criminal sino un acto de justicia a favor de la libertad de expresión.
Los gobiernos usurpadores de la soberanía del pueblo entienden que buscar que los sitios de internet de esas entidades colapsen no es más que vandalismo, una acción tan vil como lo son otros tipos de ataques cibernéticos, así sea la irrupción de cuentas bancarias, práctica conocida como phishing o el botnet, que consiste en infectar computadoras y controlarlas en forma remota, pero eluden reconocer que no hay mayor vandalismo que ocultar crímenes al pueblo soberano para que los culpables resulten impunes...
Independientemente de si el activismo cibernético roza una actividad cibercriminal, lo cierto es que está creando un desafío complejo para los gobiernos, tratándose de un movimiento de contagio rápido y masivo, tan difícil de detectar como de perseguir. No es lo mismo controlar a un grupo de revoltosos que físicamente se manifiesta frente a una embajada y puede ser dispersado con gases lacrimógenos, que tener que lidiar con provocadores anónimos refugiados detrás de una computadora, que pueden actuar en grupos de alcance global, cuyas armas no son piedras ni pancartas, sino software, virus y gusanos que pueden penetrar códigos y sistemas de seguridad.
Aunque el internet y las redes sociales han servido para nutrir protestas masivas, este episodio de WikiLeaks puede potenciar el lanzamiento de un movimiento ciberactivista cuya misión sería justificar cualquier causa con tal de tomar la justicia en sus propias manos, lo que podría calificarse de ciber-linchamiento.
Anonymous, por ejemplo, formado por voluntarios que se definen como anarquistas, abrazó a WikiLeaks después de dirigir ataques cibernéticos en contra de las industrias literaria, discográfica y cinematográfica de EEUU, Inglaterra, España y Australia, al considerar que cualquier norma anti-piratería o que defienda la propiedad intelectual es contraria a la libertad que debe reinar en el mundo y en el internet.
Hasta ahora el prejuicio era que los hackers reservaban sus mejores armas de espionaje para los megafraudes bancarios o para ataques como los que sufrieron este año Google China y el sistema nuclear de Irán. Pero lo cierto es que el acceso global a las nuevas tecnologías está permitiendo cada vez más que muchos cambien los juegos en línea por actividades criminales. De ahí los dolores de cabeza de los gobiernos que deben modernizar sus leyes, adquirir tecnologías y hacer inversiones multimillonarias para responder ataques cibernéticos contra los ciudadanos o contra sus sistemas financieros, energéticos y de seguridad.
Estos ciberdelitos no paran de crecer. En EEUU los fraudes con tarjetas de crédito, las intrusiones a las computadoras personales y la difusión de pornografía infantil subieron un 48% en el último año; mientras que en China, el cibercrimen aumentó un 80% y el gobierno calcula que ocho de cada 10 computadoras conectadas al internet están afectadas por botnets.
Así que aunque el presidente brasileño Lula da Silva haya defendido a Assange esta semana, pareciera que está descompasado en la discusión. WikiLeaks no puso sobre la mesa sólo el problema de secretos de Estado y libertad de expresión. Evoluciona todo tan rápido, que el debate ya modificó hacia los ataques informáticos y podríamos estar por comenzar una gran guerra cibernética que involucra por igual a privados y gobiernos.
Habrá que seguir el progreso de este fenómeno. La decisión reciente de Facebook y Twitter de cancelar el perfil de Anonymous, por considerar que sus actividades son ilegales, no hace más que abrir otro debate e interrogantes sobre lo que sucederá mañana.
Fuente parcial: RICARDO TROTTI
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