Un grupo de abogados anunció el viernes una demanda para investigar si las revelaciones contenidas en varios documentos filtrados por Wikileaks en relación al caso del camarógrafo español José Couso, muerto durante la invasión de Irak en abril del 2003, podrían ser constitutivas de delito.
El abogado de la familia Couso, Enrique Santiago, señaló en rueda de prensa que el contenido de los cables podría revelar un presunto delito de encubrimiento cometido por las personas que participaron en varias reuniones mencionadas en los cables.
Según los cables conocidos esta semana, hubo una serie de reuniones y conversaciones entre la embajada de Estados Unidos en Madrid y responsables del gobierno y la fiscalía española sobre el caso Couso, en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a tres militares estadounidenses como presuntos autores del fallecimiento del periodista español.
Según figura en los escritos de acusación, Couso fue abatido por un tanque estadounidense cuando filmaba desde la terraza del Hotel Palestine de Bagdad, donde se alojaba buena parte de la prensa extranjera que cubría el conflicto.
Los telegramas, correspondientes a distintas fechas de los años 2005 y 2007, muestran la gran preocupación de Estados Unidos por esta investigación. En uno de ellos, la embajada asegura que el ejecutivo español "ha sido de gran ayuda maniobrando en la sombra" para intentar archivar la causa. Y pide a Washington que se sigua cooperando con Madrid hasta que el caso quede definitivamente enterrado.
Santiago precisó que la denuncia que presentarán ante la Fiscalía General del Estado de España la próxima semana no va dirigida contra nadie. Y que, según el ordenamiento jurídico español, será la Fiscalía la que determine la veracidad de los cables y si existe base suficiente en los telegramas filtrados para imputar algún delito.
Una vez reciba el escrito, la Fiscalía podría abrir una investigación o archivarla.
"Es el absoluto horror, estupefacción, depresión y tristeza. Nos sentimos absolutamente estafados", dijo Javier Couso, hermano del fallecido. "Las personas que han salido en esos papeles, la mayoría ministros, se reunieron conmigo para pedirles que no obstaculizaran en ningún momento la investigación del caso de mi hermano, un ciudadanos español".
"Nos engañaron vilmente, porque estaban conspirando en la sombra con la embajada de Estados Unidos, es decir con los representantes de los presuntos asesinos de mi hermano", añadió.
La Audiencia Nacional archivó el sumario sobre la muerte de Couso tras aceptar un recurso de la fiscalía, pero el pasado julio el Tribunal Supremo revocó esta decisión al apreciar indicios claros de delito y devolvió el sumario a Pedraz, quien sigue adelante con la investigación.
El gobierno español rechazó cualquier acusación de maniobra para cerrar la investigación y dijo que durante todo este tiempo ha apoyado a la justicia española y he pedido a la administración estadounidense que estudiase a fondo el caso.
"El gobierno español jamás ha intercedidos ni presionado a ningún tribunal de justicia ni a jueces ni a fiscales, ni en el caso Couso ni en ningún otro caso", señaló el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba en rueda de prensa. "En el caso Couso, la actuación del gobierno ha sido siempre la búsqueda de la verdad de lo que sucedió".
Rubalcaba reveló que ha pedido al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que convoque a la familia Couso para explicar el papel del ejecutivo.
Por JORGE SAINZ
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