El australiano Julian Assange es responsable de filtrar cientos de miles de documentos confidenciales del Gobierno de Estados Unidos a través del portal de Internet WikiLeaks, del que es también su fundador.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, condenó ``cualquier estrategia que busque limitar la libertad de expresión, así sea la creación de nuevas normas legales específicas para desbaratar a WikiLeaks por parte de los Gobiernos o las presiones políticas e intimidación contra compañías privadas de Internet para desenchufar el sitio de la red''.
Marroquín censuró, además, los ``ciberataques'' que se registraron en los últimos días desde servidores localizados en diversas partes del mundo para, dijo, ``coartar y mutilar a WikiLeaks''.
Aclaró que la SIP ``no ampara ninguna medida que pudiera ser considerada ilegal por parte de WikiLeaks ni de su director'' y, en ese sentido, señaló que ``ninguna publicación puede estar exenta de responsabilidades''.
Sin embargo, el presidente de la SIP, con sede en Miami, añadió que ``existen y deben buscarse canales judiciales y legales normales para perseguir los supuestos delitos, sin tener que entrar en una caza de brujas en los que los gobiernos se transformen también en delincuentes''.
Tanto Marroquín como Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, manifestaron su temor a que ``estos episodios terminen desencadenando una serie de legislaciones adversas en Estados Unidos que pudieran limitar la libertad de expresión en internet''.
A juicio de los directivos, el peligro consiste en que una ``legislación restrictiva contraria a la neutralidad y la libertad en el internet pudiera favorecer la posición de otros gobiernos menos democráticos que siempre han visto a la red como una amenaza para sus políticas poco transparentes y para que el público sepa sobre asuntos de gobierno''.
EFE
