La confesión del sicario castrista Gerardo Hernández agrega soporte a la acusación contra los Castro de haber asesinado (con premeditación y alevosía) a Armando, Pablo, Mario y Carlos, y de haberlo hecho en espacio aéreo internacional, contra naves de bandera norteamericana, es decir, en territorio norteamericano. Sin embargo, el gobierno estadounidense, desde Clinton, Bush, hasta Obama, continúa prevaricando, cruzado de brazos, y permitiendo que los Castro se mantengan por encima de la ley en Estados Unidos, contra todo lo que indica la constitución norteamericana, la decencia y el espíritu de justicia.
Llevo años escuchando a algunos individuos decir que el capo (o los capos) del grupo gangsteril que tiene secuestrada la soberania del pueblo cubano, sea el tirano Castro o su hermano, o ambos, no puede ser juzgado por el asesinato de los muchachos pulverizados a bordo de las avionetas civiles desarmadas de la organización Hermanos al Rescate, o por tráfico de drogas en gran escala hacia Estados Unidos, porque tiene inmunidad de jefe de estado.
Para expresar el mejor criterio posible con respecto a tales individuos sería preferible pensar que son unos infelices con poca educación, y que los pobres no tienen la menor idea en cuanto a la existencia de instrumentos jurídicos para analizar la naturaleza sustantiva, procesal y jurisdiccional de los crímenes capitales y para establecer la acción punitiva requerida.
El mayor disparate lo constituye regalarle al capo, a priori, el carácter de jefe de estado. El capo no es y de derecho nunca ha sido un jefe de estado, a menos que se acepte desatinadamente la abominación de que la "revolución" (roboilusión) es fuente de derecho.
De validarse la antedicha "fuente de derecho" habría que aceptar también que un criminal entre en una casa, apunte con una pistola a la cabeza del dueño, o lo mate, ocupe el espacio habitable, y al cabo del tiempo reclame el título de propietario legítimo de la vivienda.
Para ostentar de derecho el título de jefe de estado el gobernante tiene que ser poseedor de un contrato de mandato en su favor, es decir, titular de un contrato de mandato, de ahí el apelativo de mandatario.
Quien conozca la doctrina de los contratos debe saber que un instrumento jurídico de tal naturaleza se torna impugnable, denunciable o nulo, si se puede establecer que en su estructura existe algún vicio del consentimiento.
El principal vicio del consentimiento es la presencia de algún elemento factual o moral que impida la libre expresión de la voluntad de la contraparte.
El pueblo cubano jamás, desde 1959 hasta el presente, ha tenido la oportunidad de realizar el libre ejercicio de su soberanía, la libre expresión de su voluntad, y de pronunciarse con connotación de derecho respecto a si quiere o no al grupo gangsteril y a su capo rigiendo el destino de Cuba.
Por otra parte no hay inmunidad, o lo que es lo mismo, impunidad, para ningún jefe de estado, aunque de derecho lo fuera, que cometa un crimen capital en o hacia territorio de Estados Unidos. Mucho menos si dicho crimen lo comete contra ciudadanos norteamericanos.
Lo que sucede es que para perseguir a los que cometen delitos, para hacer caer sobre ellos toda la fuerza represiva y punitiva con que cuenta el estado, se necesita que la sucursal del poder ejecutivo encargada de encausar a los criminales, en este caso el U.S. Attorney, tenga la voluntad de hacer que se cumpla la ley, o no tenga la orden en contrario del máximo cargo ejecutivo, del presidente de Estados Unidos.
Las autoridades federales han sido muy voluntariosas para convertir el caso del patriota cubano Luis Posada Carriles en un complejo caso político en lugar de lo que era, un asunto migratorio de trámite expedito con no más de 72 horas de arresto, dado que Posada no había cometido delitos en Estados Unidos por los que pudiera ser encausado, y los argumentos para una extradición eran tan disparatados, tan carentes de fundamento, que resultaban descartables a priori, de plano, come se dice en la jerga jurídica. De facto le hicieron un valioso servicio al tirano de Cuba. Este se agregó a la larga lista de complicidades de la plutocracia antiamericana con los secuestradores de la isla.
El U.S. Attorney ha sido muy intenso persiguiendo, encarcelando, y preparando grandes casos contra los infelices cubanos que tratan de escapar por cualquier medio de la esclavitud impuesta en la isla por el grupo gangsteril gobernante, y los patriotas comprometidos con la lucha por la libertad de Cuba, tal cual es el caso de Mitat, Alvarez, Abreu, Pujol, López, etc.
La administración Bush se comportó de forma tan abominable como lo hizo la de Clinton, durante la cual varios cubanos fuimos arrestados más de una vez a consecuencia de nuestras protestas.
Sin embargo, en relación con el capo del grupo gangsteril que tiene secuestrada la soberania del pueblo cubano intramuros ningún presidente norteamericano ha tenido la voluntad de hacer que se cumpla la ley de Estados Unidos. Los delitos capitales cometidos en territorio estadounidense por la pandilla castrista y su cúpula han quedado impunes por la falta de voluntad política del gobierno de Estados Unidos para hacer valer, enforzar (to enforce), las leyes del país.
Todos los dias se dice que Estados Unidos es un pais de leyes, y diariamente se escucha también que en este pais nadie puede estar por encima de la ley. Son sólo palabras hasta que tales afirmaciones no sean respaldadas encausando al grupo gangsteril castrista por tráfico de drogas en gran escala hacia Estados Unidos, y haciendo justicia a los muchachos asesinados en las avionetas de Hermanos al Rescate, uno de los cuales, Armando Alejandre Jr., era mi amigo.
Cualquier persona con estudios jurídicos, una vez estudiado el caso de los muchachos pulverizados a bordo de avionetas civiles desarmadas, concluiría que resulta perfectamente factible el encausamiento de la cúpula gangsteril que tiene secuestrada a Cuba en cortes norteamericanas, y absolutamente lograble la convicción de esta.
Existe toda la base sustantiva, procesal y jurisdiccional. Hay esbirros de la cúpula gangsteril cumpliendo cadenas perpetuas en Estados Unidos en conexión con los referidos asesinatos. Existe record en video o audio del tirano y su hermano admitiendo haber ordenado dichos asesinatos. Hay un dictamen de Aeronáutica Civil Mundial estableciendo tanto la ilegalidad del acto como que se produjo en espacio aéreo internacional. Es aplicable desde el punto de vista del derecho internacional la ley del pabellón (las avionetas volaban bajo bandera norteamericana, lo cual implica que en espacio aéreo internacional eran territorio norteamericano) , etc.
Existe además evidencia abundante del tráfico de drogas en gran escala hacia territorio norteamericano por parte del tirano Castro y su hermano. Falta, la voluntad política y el apego a la ley del gobierno de Estados Unidos.
